Las modificaciones en los procesos laborales, en las últimas décadas del siglo XX, producto de las transformaciones en la política económica del capitalismo; generaron cambios en los hábitos del consumidor, las configuraciones geográficas y geopolíticas, los poderes y prácticas estatales. Pero pese a estos cambios, la producción destinada a las ganancias sigue siendo el principio básico de la organización económica; aunque los indicios reflejan una transición en el régimen de acumulación y su correspondiente modo de regulación social y política.
El boom de posguerra, de 1945 a 1973, iniciado en 1914, por Henry Ford; se caracterizó por la implementación de tendencias consolidadas en los EE.UU: como la forma corporativa de la organización empresarial, la formación de trusts, carteles y fusiones empresarias. En este marco Ford, racionalizo las viejas tecnologías y la división del trabajo especializado, logrando grandes aumentos en la productividad. A través de su jornada de cinco dólares y ocho horas, procuró asegurar la sumisión de los trabajadores a la disciplina requerida para trabajar en el sistema de la línea de montaje; buscando al mismo tiempo un cambio en el hábito de consumo de sus obreros, al brindarles ingresos y tiempo libre para consumir los productos que se lanzarían al mercado. Pese a ello su idea de que la fuerza corporativa lograría por si sola estimular la demanda efectiva, reactivando el mercado y restaurando la confianza empresaria; chocó con las leyes coercitivas de la competencia. Ford, en la década del 30, impulsó a sus trabajadores a autoabastecerse de sus necesidades, para combatir a la depresión económica. Pero su sistema dependía de una multitud de decisiones individuales, corporativas, institucionales y estatales.
Entre los impedimentos del fordismo en tiempo de entreguerras, para convertirse en un régimen de acumulación maduro, se encontraba la dificultad en el mundo capitalista y en sus relaciones de clase, de aceptar un sistema de producción que no requería las habilidades artesanales tradicionales y que no contemplaba la participación del trabajador en el diseño, ritmo y programación del proceso de producción. Resistencias como las que tuvo el taylorismo en la década del 20. Por otra parte, en el resto del mundo capitalista, la organización del trabajo y las tradiciones artesanales eran demasiado fuertes y la inmigración demasiado débil, aún cuando se aceptaron y se aplicaron los principios generales de la administración científica. En este sentido la Administración industrial y general de Fayol, tuvo mayor influencia en Europa, dando lugar a una versión diferente de la administración racionalizada. Otro obstáculo del fordismo eran las modalidades y mecanismos de intervención estatal. Muchos políticos e intelectuales, en la década del 30, pensaron que las soluciones exploradas en Japón, Italia y Alemania en la década del 20 (despojadas del militarismo, la mitología y el racismo) eran correctas y apoyaron el New Deal de Roosevelt. El problema para Keynes, consistía en alcanzar un conjunto de estrategias de gestión científica y de fuerzas estatales que estabilizaran el capitalismo. Resolviéndose el problema, después de 1945; lo que permitió que el fordismo se convirtiera en un régimen de acumulación maduro, fecundo y definido. Al conectarse el fordismo con el keynesianismo, el capitalismo hizo una ostentación de expansión mundial. Dando nacimiento a una serie de industrias fundadas en la tecnología; que se convirtieron en mecanismos propulsores del crecimiento económico centralizado en una serie de regiones de gran producción de la economía mundial. En donde la reconstrucción de las economías destruidas por la guerra, la suburbanización, la renovación urbana, la expansión geográfica del transporte y los sistemas de comunicación y el desarrollo de infraestructura; y la coordinación de estas regiones por centros financieros interrelacionados, favoreció el aprovisionamiento masivo de materias primas en el resto del mundo no comunista y le permitió dominar con sus productos un mercado mundial cada vez más homogéneo. El Estado al asumir roles keynesianos, construyó nuevos poderes institucionales, se reorientó el capital corporativo, procurando una rentabilidad segura; y el trabajo organizado cumplió roles y funciones en los mercados de trabajo y en los procesos de producción. Estableciendo un equilibrio de poder entre el trabajo organizado, el capital corporativo y el Estado Nacional. Su desarrollo lento en los EE.UU, se implantó rápidamente en Europa y Japón, luego de 1940; expándiendose en la posguerra, por las políticas de ocupación, del Plan Marshall y de la inversión directa de los EE.UU..
Esto se consolidó bajo la hegenomía del poder económico, financiero y militar de los EE.UU. El acuerdo de Bretón Woods de 1944 que convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial amarró el desarrollo económico mundial a la política fiscal y monetaria estadounidense. En este marco el fordismo se difundió en forma desigual en la medida de que cada Estado imprimía su propia modalidad al manejo de las relaciones laborales, la política fiscal y monetaria, las estrategias de inversión pública y de bienestar. Al no incluir a todos el fordismo, tuvo signos de descontento, que se caracterizaron porque la negociación salarial estaba confinada a ciertos sectores de la economía y a ciertos Estados Nacionales; los sectores de la producción de alto riesgo estaba ligada a bajos salarios y a una escasa seguridad laboral y porque hasta los mismos sectores fordistas podían subdividirse en un sector monopólico y un sector competitivo. Así grandes segmentos de la fuerza de trabajo, no tuvieran acceso al trabajo en la producción masiva; provocando una rigidez en los mercados laborales. El poder de exclusión del sindicalismo consolidó su capacidad de oponer resistencia a la perdida de calificaciones, el autoritarismo, la jerarquía y la pérdida de control de los lugares de trabajo; dependiendo de las tradiciones políticas, de las modalidades de organización y de la voluntad de los trabajadores de trocar sus derechos en la producción por un poder mayor en el mercado. Los sindicatos que debieron responder a los reclamos de base, también se vieron asediados, por las minorías excluidas. El Estado, por su parte tampoco pudo solucionar las desigualdades y garantizar un salario social para todos. Contribuyendo también a la crisis, el descontento en el Tercer Mundo por un proceso de modernización que prometía desarrollo, pero que destruía la cultura local, generando opresión y distintas dominación capitalista a cambio de pobres ventajas.
A pesar de los descontentos, el fordismo se mantuvo firme hasta 1973, cuando la aguda recesión, inició un proceso de transición acelerada en el régimen de acumulación.
En Argentina, la protesta laboral comienza su accionar a partir del proceso de privatizaciones de las empresas públicas iniciado por la gestión de gobierno de Menem en la década del noventa. Los trabajadores despedidos de las empresas públicas privatizadas, movilizaron sus reclamos a las calles y rutas para expresar su descontento; estos cortes de rutas estimularon varias “marchas federales” que convergían sobre la Capital Federal. La magnitud de la crisis económica, inclusive desbordó y afectó la organización sindical de los trabajadores, en donde a la tradicional C.G.T., sufrió la división interna de una parte de los gremios que la componen, los cuales pasaron a ser la C.G.T. rebelde liderada por el camionero Moyano y por el nacimiento de la C.T.A., líderada por de Gennaro, sector este que reclama su personería gremial y que no participó en el proceso de unidad que se intenta entre las dos C.G.T..
Esta metodología de cortes de ruta y de calles, fue monopolizada posteriormente por los nacientes movimientos piqueteros, entre cuyas filas se encontraban extrabajadores de las empresas públicas privatizadas, que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral. Esta estrategia iniciadas en sus albores por trabajadores en defensa de su fuente de trabajo, pasó a ser la principal herramienta de protesta y manifestación social de los sectores excluídos del modelo neo-liberal, fundamentalmente desocupados, mujeres y jóvenes, que por edad, género, capacitación y nivel de formación, no acceden a los requerimientos del mercado de trabajo. Entre los reclamos que realizan a través de este modus operandis, se encuentran la demanda de mayores planes de subsidio al desempleo, el aumento de las asignaciones de los mismos, bolsas de comida, etc; los cuales se mezclan con reclamos más de carácter político, como el no pago de la deuda externa, el alineamiento estratégico con otros países de la región como Venezuela y Cuba, etc. Los reclamos de estos movimientos sociales, no solo están dirigidos al gobierno, sino también a los grupos empresarios locales e internacionales, a los cuales le reclaman un mayor compromiso social y contribuciones para paliar la situación económica de los que menos tienen. Este tipo de reclamos, incluso ha dividido a las distintas organizaciones piqueteras, a partir de la asunción presidencial de Kirchner, en piqueteros duros y blandos; adhiriendo los primeros a las políticas oficiales del gobierno y participando algunos de ellos en distintos organismos oficiales de gestión o en ámbitos legislativos, mientras que los denominados piqueteros duros, prosiguen el camino de la profundización del conflicto social.
Hay que destacar que actualemente algunas organizaciones sindicales han reeditado en su metodología, los cortes de calles y rutas, llevados a cabo por trabajadores ocupados; pero sus objetivos tienen fundamentos específicos, que buscan conmocionar e impactar a la opinión pública y al propio gobierno, por lo que son muy diferentes de los fundamentos de los sectores piqueteros.
Con la implementación de este modelo excluyente en nuestro país, el Estado desarrolló estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas; pero también, se encaminó al reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social. Los sucesivos gobiernos procuraron atender las necesidades básicas insatisfechas, a través de políticas sociales focalizadas. Así se iniciaron los ensayos de asistencia alimentaria (a fines de los ’80), los que fueron seguidos por una política más sistemática de ayuda social, que incluía la salud y la infancia, entre otros. A mediados de los ’90, en la provincia de Buenos Aires, se crea la red de “manzaneras”, que produjo una reorganización de la política en función de los mediadores barriales. En 2002, el gobierno nacional lanzó el Plan Jefes/as y de Hogar; el cual alcanzo en mayo de 2004, a 1.760.000. desocupados y si le sumamos los del Plan Familias y el Programa de Emergencia Comunitaria, las cifras llega a 2.200.000. Los nuevos planes sociales implicaron un fortalecimiento de la matriz asistencial del modelo neoliberal, porque tienen un carácter compensatorio, al no llegar a cubrir las necesidades básicas, y porque aparecen como una clara herramienta clientelar, pues en un alto porcentaje son controlados directa o indirectamente por los municipios. Por otro lado, se desarrolló un reforzamiento del sistema represivo institucional, visibles en el proceso de reformas legislativas que agravan los delitos cometidos por los sectores pobres y/o marginados de la población, así como en la criminalización de la protesta social.
En el ámbito urbano, con el nuevo ciclo de movilizaciones iniciado en 1996, la represión fue acompañada por una política de judicialización y criminalización de la protesta social. Entre la “no represión” y la judicialización del conflicto social, entre mayo de 2003 y julio de 2004, el gobierno desarrolló una política centrada en dos estrategias: por un lado, en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones de desocupados, levantó como bandera la decisión de no reprimir la protesta social; por el otro, esta política fue acompañada por un avance notorio de la judicialización de los conflictos. Es en general a través de los municipios y sus funcionarios por donde se instrumentan estos tipos de denuncias vinculadas a “supuestos” manejos fraudulentos de los planes sociales. La campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, generó un contexto de rechazo a la protesta social, favoreciendo la política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ’90 en las provincias más conflictivas.
Sin embargo, fue en 2004, a partir de los hechos de violencia sucedidos en la Legislatura porteña, por el nuevo Código Contravencional, que se registró un giro importante en la política del gobierno frente a la protesta social. Siendo, el hecho más notorio que, la subsecretaría de seguridad interior, pasó a la órbita del Ministerior del Interior. Este transferencia de competencias implica una redefinición de la política gubernamental respecto del tratamiento de las protestas sociales. Asimismo, desde el poder judicial, se agravaron las figuras penales imputadas a los detenidos, a fin de impedir su excarcelación. La nueva y masiva interpelación al Estado como responsable de la situación de inseguridad, se ha venido traduciendo por una profundización de la política represiva que tiende a diluir peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.
La protesta social también alcanzó a los pueblos indígenas, cuyas comunidades en defensa de sus derechos territoriales han protagonizado una sostenida resistencia a los desalojos y, al mismo tiempo, no han abandonado su lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. A pesar de la Ley Indígena 23.302, del articulo 75, inciso 17, de la C.N. y de todos los tratados y convenios internacionales de rango constitucional como el 169 de la OIT, las demandas de los indígenas no se responden.
Por otra parte, el Código Penal ha sufrido reformas en relación con el aumento de las penas y la legislación procesal se ha transformado de forma tal que torna prácticamente imposible acceder a los “beneficios” de la excarcelación. También el discurso de “mano dura” ha generado un aumento de muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden. El avance de esta política represiva se complementa con la puesta en marcha del llamado “Plan de Protección Integral de los Barrios,” que comenzó en 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense y que pretende extenderse ahora a otras diez villas de emergencia.
Los reclamos sociales, que surgen a raíz de la demanda de nuevos puestos de trabajo, implican que el Estado debe profundizar tanto a nivel político como institucional, la democracia Social. Teniendo en cuenta que el derecho al trabajo, es uno de los derechos sociales por excelencia, el primero incluso de los reconocidos en la historia del Estado moderno. En el siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, de la O.N.U.; en su artículo 22 establece los derechos a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. El artículo 23, a su vez proclama el derecho al trabajo y el 26 el derecho a la educación. El reconocimiento de estos derechos sociales, requiere la intervención directa del Estado, por lo que también se los ha denominado “derechos de prestación”. Incluso el artículo 22, sostiene que para el desarrollo de la personalidad se requiere del esfuerzo nacional y de la cooperación internacional, teniendo en cuenta los recursos de cada Estado.
La reforma Constitucional de 1994 ha sido coherente con este criterio reforzando los deberes del Estado en cuanto a su deber de preservar la vida y la integridad de las personas, especialmente con la incorporación del inciso 23 del artículo 75, el que establece que “Corresponde al Congreso...legislar y promover medidas de acción que garanticen...el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos,...” El Estado asume así el compromiso de adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos humanos.
Sin embargo, la agudización y aumento de la concentración económica y el incremento de la pobreza, unido a un aumento de la recaudación fiscal y la generación de riquezas de los dos últimos años, demuestran que la situación se agrava sensiblemente y que el Estado no pudo operar acorde a la protección efectiva de estos derechos. Esta situación de incumplimiento de la C.N., los Tratados Internacionales, y la ley, implican una amenaza para el funcionamiento sistemático de la democracia y atenta contra la integración del tejido social.
A los inconvenientes en materia de cumplimiento de los derechos sociales, se suma el conflicto entre las organizaciones sindicales, el cual trascendió nuestras fronteras y fue tratado en Ginebra por la O.I.T. (el 5 de junio de 2005); el cual atendio el reclamo por la libertad sindical en la Argentina, que presento la C.T.A. para lograr que el gobierno le otorgue la personería gremial. Por lo que en noviembre del presente año, llegará a nuestro país una misión técnica de dicho organismo, para analizar de cerca la situación. Entre las recomendaciones de la resolución de la O.I.T., se solicitó a nuestro gobierno que en el mes de septiembre elabore su memoria anual para detallar los avances que puedan registrarse para adecuar alguna reforma, por consenso o no, que posibilite adecuar la ley de asociaciones profesionales con el Convenio 87 de Libertad Sindical.
Entre 1983 y 1999, se han producido importantes cambios en el mundo del trabajo en nuestro país. En la reforma laboral de 1998, el valor de la estabilidad es vinculado al valor de una clase trabajadora capacitada y productiva; la noción de que solo la transformación técnica de las empresas las vuelve competitivas en el mercado, está generando una nueva cultura de la empresa como comunidad de intereses; los nuevos convenios colectivos tienen una fuerte participación de las confederaciones sindicales y los acuerdos entre las organizaciones empresarias y sindicaton hicieron posible reformas iniciales a los régimenes previsionales, de riesgos del trabajo, obras sociales, etc..
La crisis del modelo liberal de autoregulación del mercado laboral, en las últimas décadas generó un progresivo desmantelamiento del orden laboral que se refleja en la precariedad de la relación laboral, la desprotección del trabajador y la reducción de costos derivados de la nómina salarial. Por lo que asistimos a una crisis terminal de la forma de pensar la política laboral. Por lo cual es prioritario cambiar el rol del Estado, sustituyendo la metodología meramente asistencial y desorganizada por una metodología dirigida a la coordinación de áreas y a la ejecución de políticas destinadas a que los escasos recursos financieros públicos sirvan para estimular a los actores sociales, para generar nuevos emprendimientos productivos y la ampliación del mercado; con la participación en la coordinación de todas las áreas del Estado Nacional, Provincial y Municipal dentro de una estrategia de descentralización. La solución a los fenómenos del desempleo y el subempleo dependerá no sólo de la creación de empleo asalariado productivo estable, sino también de la capacidad del sistema económico para ampliar la estructura productiva a través de redes que permitan crear pequeñas y medianas empresas. La modernización del sistema de relaciones laborales en las empresas, debe estar enfocado a resolver tres problemas: a- crear empresas competitivas, b- mejorar la capacitación y formación profesional y c- desarrollar las formas de negociación. Se necesita un nuevo “contrato laboral” entre empresarios y trabajadores que los asocie para reconstruir y modernizar el aparato productivo, transformando y creando empresas según un nuevo modelo de reindustrialización integrado.
Resulta imprescindible que estas “tendencias laborales, entendidas como síntesis entre el desarrollo económico, el éxito de las empresas y la existencia de un sistema de relaciones laborales que integre las metas de competitividad y productividad sectorial y por empresa con la solidaridad y la vigencia de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones; se realice dentro de un marco de Diálogo Social. El Estado debe acompañar las instancias de diálogo con medidas concretas para una nueva política de creación de empleo y trabajo masivo, mediante; a- el establecimiento de fondos de inversión combinados regulados por el Estado y conformado por un régimen tributario progresivo, que ataque el capitalismo de renta y favorezca al capital productivo; y que acelere la creación de un mercado nacional, subregional y continental. b- Recurperar la rentabilidad del sistema público solidario de jubilaciones y pensiones; considerar al sistema público de salud como el núcleo duro y convergente de todos los demás sistemas; e implementar un programa nacional de seguro de desempleo para jefes de familia, que garantice un ingreso mínimo. c- La reorganización del sistema de relaciones laborales, mediante normas laborales funcionales que garanticen una relación equilibrada entre inversión, productividad y remuneración al trabajo. Favoreciendo el diálogo y el establecimiento de consensos entre organizaciones empresarias y sindicatos, no sólo en lo concerniente a reclamos laborales, sino también en lo concerniente a la planificación estratégica de las empresas.
Se debe profundizar en la idea del desarrollo local en la cual se debería pensar en un plan de cooperación entre las organizaciones sindicales y empresarias, dado que el desarrollo productivo no es una consecuencia de las políticas macroeconómicas sino que requiere de la construcción de alianzas socio-políticas productivas en la base de la sociedad, la economía y la política. Creando un trípode entre Municipios, organizaciones empresarias y sindicatos. Mejorando el área de lo que se llama indicador de intercambio, en donde la economía rural campesina, la economía cooperativa, informal, de trueque, de micro y pequeña empresa; cuya lógica de funcionamiento no puede ser simplificada a la lógica del funcionamiento abstracto de los grandes grupos, porque la fragmentación es importante y son diferentes fracciones de capital. Atendiendo que el curso de la globalización invita a correr los nichos, pero hay que hacerlo sobre una base más articulada en términos productivos y con mercados locales más competitivos. Una segunda área está dada por la relación entre el contexto sistémico de la productividad, la competitividad y el empleo; mejorando los sistemas de producción mediante su vinculación con la educación para promover una adecuada calificación de los recursos humanos y mayores posibilidades de una capacidad empresarial innovadora y el establecimiento de cluters, que generen cambios organizacionales en las empresas y que faciliten el acceso a la información estratégica. Por lo que resulta necesario desarrollar sistemas de capacitación dual Estado-empresas. Otra área es la identificación de los sistemas productivos locales, creando mecanismos de resolución de conflictos laborales eficaces, un sistema fiscal favorable a las micro y pequeñas empresas y a entidades cooperativas y un sistema financiero que brinde asesoramiento, acceso al crédito y apoyo a la producción. Este entorno competitivo debe ser construido por regiones, provincias y localidades. Las condiciones del proceso de acumulación y la estabilidad macroeconómica deben asegurarse con políticas monetarias, presupuestarias y fiscales; conjuntamente con una política que dé respuesta al paradigma tecnológico y económico actual, favoreciendo la política de Pymes según las peculiaridades de su inserción geográfica. Por último se debe procurar el fortalecimiento de las administraciones locales, con la participación de los distintos actores municipales y provinciales, para rediseñar sistemas de información inteligentes con indicadores de capacidad de desarrollo y de herramientas que permitan la identificación de los eslabones productivos ineficientes. La creación de agencias de desarrollo local y regional, para la articulación de los actores económicos; debiendo incluir la descentralización las funciones de fomento al desarrollo productivo en el ámbito territorial, facilitando la cesión de competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes administraciones locales, propiciando un mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, con generación de riqueza y empleo. Acompañado de una flexibilización de las estructuras sindicales y empresarias frente a las administraciones locales, que faciliten la creación de redes de empresas para los mercados locales, el Mercosur y otros mercados regionales.
Alejandro Fraga Irureta
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